Dr. Rogelio Núñez Castellano
El panorama político de América Latina ha estado condicionado por la expansión del Covid19. A medida que se ha ido extendiendo y prolongando la pandemia, el nuevo contexto creado ha alterado profundamente no solo la situación económica sino también la realidad política latinoamericana acentuando tres tendencias: en primer lugar, ha alterado el panorama electoral de la región al aplazarse las elecciones presidenciales y oros tipos de comicios y consultas.
En segundo lugar, ha fortalecido a algunos presidentes (en Argentina, Uruguay, Chile y Perú) mientras que ha debilitado a otros (Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador); ha incrementado la polarización en algunos países (Brasil y Bolivia) y ha dado oportunidades a que actores políticos locales -alcaldes de algunas de las principales capitales o gobernadores de estados importantes- ganen protagonismo en la presente coyuntura e incluso proyección a futuro (João Doria, gobernador de Sao Paulo, y Claudia López, alcaldesa de Bogotá).
Por último, ha repotenciado el histórico presidencialismo latinoamericano en general y actitudes de corte populista y autoritario (Nayib Bukele) e incluso parece estar sirviendo para consolidar, al menos en el corto plazo, regímenes cada vez más alejados de los estándares democráticos (Venezuela y Nicaragua).
1-. La pandemia fuerza el cambio del cronograma electoral
El cambio más evidente causado por la pandemia ha sido el de alterar el cronograma electoral en varios países de la región. La expansión del virus ha provocado que se tomen medidas de toque de queda, cuarentenas y aislamiento social en general lo que impide el normal desarrollo de las campañas electorales y el propio hecho de ir a votar el día de las elecciones. Seis países han alterado su cronograma electoral: Bolivia, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Chile y República Dominicana postergaron las fechas de sus respectivas elecciones presidenciales, legislativas o consultas, previstas para este año.
El primero en iniciar el cambio del cronograma electoral fue Chile: el 25 de marzo su Cámara de Diputados aprobó cambiar el calendario del proceso constituyente, por lo que el plebiscito en el que los chilenos tendrán que decidir si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace se celebrará el 25 de octubre, en vez de el 26 de abril. Por su lado, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presentó esa misma semana un proyecto de ley sobre la postergación de las elecciones presidenciales del mes de mayo. El órgano estableció que los comicios se celebrarán en una fecha a determinar entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. En abril Uruguay y Paraguay procedieron a posponer sus respectivas elecciones locales. El Senado paraguayo aprobó aplazar un año las elecciones municipales previstas para el próximo mes de noviembre. Y la Cámara de Diputados uruguaya trasladó de mayo hasta el mes de octubre las elecciones municipales. El último país en sumarse a este baile de fechas fue la República Dominicana que pospuso las elecciones presidenciales, al Senado y al Congreso, previstas para el 17 de mayo, para el 5 de julio.
Incluso, ya en el terreno de la especulación, la idea de que el gobierno de Nicolás Maduro pudiera adelantar los comicios parlamentarios de finales de año al primer semestre a fin de aprovechar las divisiones internas que aquejan a la oposición se convirtió en una posibilidad inviable en plena cuarentena como la que se vive en Venezuela. De hecho, el propio Maduro pospuso sine die la posibilidad de celebrar estos comicios para después abrir la puerta a la celebración de elecciones parlamentarias “si la pandemia lo permite”.
Estos cambios han traído fuertes disputas en algunos casos evidenciando que los consensos políticos o no han existido o han tenido una vida corta y acotada. Esa polarización y ruptura de los acuerdos institucionales fue muy evidente en Bolivia. Allí el legislativo, con la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, promulgó una ley para que el país celebrara elecciones en un plazo de noventa días, en un pulso al Gobierno interino de Jeanine Áñez, que lo considera inviable en plena pandemia. Además, los escándalos de mal manejo de las compras de insumos médicos en Bolivia, ha provocado manifestaciones en contra del gobierno y la petición para que Áñez retire su candidatura.
En Chile, por su parte, la fecha de celebración del plebiscito causó una tormenta política cuando el gobierno de Piñera planteó que octubre podría no ser una fecha buena para la convocatoria de esta consulta.
En resumen, la salida de la crisis sanitaria va a conllevar no solo una compleja herencia económica sino convivir con una acumulación de citas electorales en poco tiempo, entre finales de este año y 2021. Si el intenso periodo electoral vivido entre 2017 y 2019 acabó convirtiéndose en un obstáculo para acometer reformas estructurales ante la situación de profunda ralentización, este nuevo periodo de crecientes citas ante las urnas no va a facilitar alcanzar acuerdos y planear a largo plazo las estrategias para la recuperación.
2-. Actores locales se elevan a figuras nacionales en la lucha contra la pandemia
La crisis ha dado gran protagonismo a la mayoría de los presidentes, pero también ha abierto de par en par la puerta para que figuras políticas locales ganen peso y reconocimiento a escala nacional por la capacidad de gestión y de liderazgo que han mostrado. La expansión de la pandemia ha colocado en el centro de la toma de decisiones a determinadas figuras entre las que destacan dos: João Doria, gobernador de Sao Paulo, y Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
La polarizante y poco coherente actitud del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a lo largo de esta crisis ha permitido que João Doria se posicione como una figura nacional. Doria, antiguo aliado de Bolsonaro, ahora se alza como un destacado rival en el corto plazo (por la forma de gestionar la actual crisis) y en largo (para las presidenciales de 2022). No solo por su labor en este estado a la hora de impulsar medidas para contener la expansión de virus sino por encarnar la contracara de Bolsonaro quien ha liderado una gestión errática que más que certezas ha transmitido incertidumbre, polémicas estériles y crispación.
Esta imagen de incerteza permanente e improvisación ha servido para potenciar al gobernador de Sao Paulo, João Doria, que ha tomado medidas concretas y coherentes apostando, a contracorriente de Bolsonaro, por los criterios médicos y el consenso político frente a la polarización que abandera Boldonaro (“Aquí no peleamos con la ciencia, nosotros respetamos la ciencia. La actitud responsable del estado es la prolongación de la cuarentena para evitar el colapso de los hospitales públicos y, consecuentemente, el de los hospitales privados").
Si bien queda mucho tiempo por delante y la dinámica de la pandemia y la crisis a ella vinculada puede acabar transformando el panorama brasileño, toda esta situación coloca a Doria como una figura a tener muy en cuenta para las elecciones presidenciales de 2022. Lo cierto es que los votos prestados que Bolsonaro obtuvo en 2018 del centro y el centroderecha, que temían un regreso del lulismo y el PT al poder, fueron los que le condujeron al Palacio de Planalto. El votante tradicional del centrista PSDB (el partido de Doria) que fue fiel a Fernando Henrique Cardoso en los años 90 y a los candidatos “tucanos” en las dos décadas posteriores, ahora se encuentra cada vez más lejos del actual presidente. Las caceroladas en las grandes ciudades brasileñas son un síntoma de ese proceso ya que se dan en barrios de clase media. Ese voto, huérfano en 2018, se marchó hacia el candidato más antilulista (Bolsonaro) pero ahora puede ser encauzado por una figura ajena al lulismo, pero paulista (cuna del PSDB) y más ortodoxo como Doria.
Si en Brasil es un gobernador el que está alcanzando protagonismo nacional, en Colombia se trata de una alcaldesa la que está ganando ese tipo de protagonismo. Se trata de Claudia López, una figura rompedora del panorama político colombiano: homosexual y primera mujer en convertirse en 2019 en regidora de la capital. Ante la expansión de la pandemia asumió una posición clara desde el primer momento frente a una actitud menos decidida en los momentos iniciales por parte de Iván Duque. Ha mostrado empatía a la hora de sintonizar con la población (casi llora al hablar de la situación de los enfermos) y hasta de colaborar con el presidente, más allá de las diferencias ideológicas que les separan. Pero también ha sido capaz de plantar cara al mandatario. Por ejemplo, cuando Duque anunció las medidas de desescalamiento (reactivar los sectores de manufactura y construcción a partir del 27 de abril) la alcaldesa de Bogotá cuestionó la decisión con gran rotundidad ("Sobre mi cadáver reabren -el aeropuerto- El Dorado el 27 de abril”).
Su creciente popularidad (un 78,1% tiene una imagen favorable con solo un 17,6 por ciento de desfavorable) le coloca como una carta a tener en cuenta para las elecciones presidenciales de 2022. Le favorece la gran fragmentación que va a vivir el panorama político colombiano. La izquierda crecientemente más escorada que encarna Gustavo Petro deja al centroizquierda y al centro huérfanos. Ahí es donde Claudia López tendrá que trabajar para conquistar ese espacio donde solo tiene, por ahora, un rival de entidad: el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.
3-. La pandemia, gasolina para el ascenso de populismos y autoritarismos
La actual crisis del Covid19 ha creado una situación de excepcionalidad que ha abierto la puerta a la emergencia de actitudes populistas, autoritarias e incluso parece estar favoreciendo a regímenes no plenamente democráticos que aprovechan para encastillarse sobre sí mismos aprovechando las medidas de excepción. Brasil y El Salvador son dos claros ejemplos del afloramiento de esas actitudes populistas, demagógicas y autoritarias.
En el caso salvadoreño, su presidente parece seguir la máxima de Maquiavelo (“el fin justifica los medios”) lo que le lleva a concluir que las leyes y las instituciones son un estorbo cuando se gobierna. Bukele, consciente de las debilidades sanitarias del país, ha liderado una respuesta preventiva a la expansión del coronavirus basada en la cuarentena y el confinamiento. Pero algunas de sus medidas (detenciones y confinamientos "forzosos" para quienes violen esa cuarentena) han provocado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordene frenarlas: ha emitido tres resoluciones donde declara improcedentes algunas de esas normas. Bukele no solo ha dado la espalda a esta resolución, sino que ordenó endurecer los controles policiales y militares mientras continuaban con estas detenciones.
La Sala no pidió desmontar las medidas de cuarentena, sino que cumplan la normativa constitucional: enviando el proyecto a los diputados y esperando a que ellos lo conviertan en ley. Bukele desoyó las dos primeras veces y en la tercera aseguró que “ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y la salud del pueblo salvadoreño. […] Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.
Bukele está inmerso desde febrero en una pugna política con una Asamblea mayoritariamente opositora. Persigue desgastar al legislativo y a los partidos tradicionales que la integran para llegar a con mejores opciones a las elecciones parlamentarias de 2021, donde aspira a tener mayoría para no tener que apelar al apoyo de los opositores y poder desplazar a las dos fuerzas que han copado el poder entre 1989 y 2019, al FMLN y a Arena (centroderecha). Bukele, consciente del desgaste de los partidos históricos vistos por la ciudadanía como corruptos e ineficientes, encarna un modo de gobernar en el que antepone a las normas decisiones rápidas, tajantes y expeditivas muy del gusto de una población que quiere respuestas aquí y ahora. Según las últimas encuestas, el presidente recibe un 85 por ciento de aprobación a esa forma de gobernar.
El caso más llamativo de coqueteo con el autoritarismo está teniendo lugar en Brasil. Bolsonaro encabeza una ofensiva contra las instituciones brasileñas en plena pandemia: ha roto en dos ocasiones el aislamiento para unirse a una manifestación, el 31 de marzo, contra el Congreso y el Supremo Tribunal y otra el 19 de abril contra las medidas de confinamiento. En esta última, los simpatizantes del mandatario portaban carteles y gritaban consignas como "Intervención militar con Bolsonaro", "Fuera Maia" -en referencia al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia- y hacían alusión al "AI-5", unos de los decretos que dio sustento al régimen militar brasileño (1964-1985) y acabó con las libertades.
Esta estrategia convive con una gestión errática, polarizante y repleta de pugnas con ministros y enfrentamientos con gobernadores en el terreno de la lucha contra la pandemia.
La emergencia sanitaria ha ayudado a consolidarse, al menos a corto plazo, a un conjunto de gobiernos que han roto desde hace tiempo con la institucionalidad liberal-democrática.
Es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua o de Nicolás Maduro en Venezuela. En el caso venezolano, los controles al movimiento de la población e intentonas rocambolescas de derribar al régimen (como la proyectada invasión armada a través del estado de Vargas) han favorecido la consolidación en el poder de estos regímenes.
La emergencia sanitaria resulta funcional para algunos gobiernos de la región que si bien sufren un fuerte golpe por la recesión económica aprovechan las medidas de excepción para incrementar su autoritarismo y la consolidación de sus regímenes cerrando aún más los espacios de libertad de los opositores.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que la pandemia fue "funcional a la dictadura bolivariana en Venezuela" ya que los régimenes dictatoriales pueden "falsear las cifras", razón por la cual piensa que nunca se sabrá con certeza cuántos son realmente los muertos por coronavirus en ese país. "Un país que hoy tiene la fragmentación más alta y los niveles de violencia más altos, no tiene ni siquiera lo que podemos llamar debilidad del Estado, ni siquiera lo podemos llamar un Estado fallido, es un Estado que ha dejado de existir", opinó.
Conclusiones
La pandemia ha provocado cambios inmediatos en la política latinoamericana que con el paso del tiempo y la “nueva normalidad, alguno tenga un alcance más estructural. Por ahora ha cambiado el cronograma electoral, ha potenciado o debilitado a alguna figura y ha servido para potenciar algunos regímenes autoritarios.
Pero no parece que los resultados a corto plazo vayan a responder a la pandemia sino a coyunturas que vienen de antes. Un buen ejemplo de ello va a ser la República Dominicana que acude a las urnas el domingo 5 de julio para elegir presidente para el periodo 2020-2024. Por primera vez en más de tres lustros está en riesgo la hegemonía política del actual partido en el poder (el Partido de la Liberación Dominicana, PLD) en los que son los primeros comicios latinoamericanos que tienen lugar en plena pandemia. Ese posible declive electoral del PLD, que salvo entre 2000 y 2004 ha ejercido su hegemonía política-electoral sobre el país caribeño desde que Leonel Fernández alcanza la presidencia por primera vez en 1996, se debe a factores internos dominicanos y, a la vez, enlaza con un fenómeno de alcance regional: el voto de castigo a los oficialismos que, a escala latinoamericana, se ha acentuado desde 2017-2019.
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Dr. Rogelio Núñez Castellano, Centro de Estudios Convivencia (CEC) y Director del Centro de Estudios España-Cuba “Félix Varela” del Instituto de Política Internacional.
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