Yoandy Izquierdo
La tradición constitucional de la República de Cuba constituye una excepción dentro del contexto iberoamericano. Marcada por tres momentos históricos relevantes (la etapa colonial impuesta por la metrópoli española, la etapa republicana, y la etapa “socialista” luego de la toma del poder de los revolucionarios de 1959 por la vía armada), se ha alejado del modelo constitucional de la región para enquistarse en su propia versión de “democracia de nuevo tipo”.
La Reforma a la Carta Magna, que ya había sido anunciada bajo el gobierno de Raúl Castro Ruz, fue concretada en el periodo 2018-2019. La Constitución Socialista de 1976, con sus modificaciones de 1992 y 2002, ha quedado obsoleta para una nación necesitada de inserción en el concierto de naciones, bajo escenarios internacionales que muestran un panorama desfavorable para el llamado socialismo del siglo XXI. Es por ello que, el 31 de julio de 2018, vio la luz un Proyecto de Constitución de la República de Cuba, elaborado por un grupo reducido de ciudadanos convocados por el Consejo de Estado, y que se presentó a Consulta Popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre del presente año.
Durante el tiempo que duró la Consulta Popular, la propuesta de texto fue debatida en diferentes sectores de la población, con el objetivo de plantear desacuerdos y sugerencias para ser analizados por la misma comisión encargada de corregir, transformar y presentar el nuevo texto a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2018; y someterla a Referendo el 24 de febrero de 2019.
Cuba vivió, después de muchos años, y para muchas generaciones por primera vez, un proceso de esta envergadura. Los efectos del sistema totalitario que ha imperado en el país por más de cinco décadas son bastante lesivos en cuanto a: la educación ciudadana, la preparación para la vida en democracia, el desempeño de las libertades fundamentales y el conocimiento de los principales deberes y derechos humanos. La participación ciudadana en los procesos de debate en torno a la Ley de leyes, en gran medida, no fue consciente. Durante el ejercicio fueron obviados elementos esenciales que, una vez aprobada la propuesta, repercutirían de manera negativa en la vida política, económica y social del país.
El Proceso Constitucional que vivió Cuba hasta el 24 de febrero de 2019 estuvo marcado por dos fenómenos: la participación y control de los debates por parte del Estado, y la participación de la ciudadanía identificada con el proceso a través de los medios de prensa alternativos y las redes sociales. Seguir leyendo
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Yoandy Izquierdo, investigador del Centro España-Cuba “Félix Varela”, del Instituto de Política Internacional.
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