Fernando del Pozo
La gobernanza de la seguridad marítima en España tiene un considerable número de problemas a causa de una organización compleja con numerosos organismos implicados y agencias ejecutivas. No es un caso único: otras naciones europeas padecen de similares problemas organizativos, consecuencia de una larga historia; pero en lo que sí es España un caso único es en no haber intentado acometer el problema, simplificar la estructura, resolver en una palabra los considerables conflictos de competencias entre las agencias con responsabilidades en seguridad marítima. Basados en las experiencias de nuestros aliados y vecinos, tanto las exitosas como las que no han rendido fruto, se proponen unas bases de discusión para acometer las reformas que podrían resolver el problema en España.
En artículos anteriores tras presentar y analizar el concepto de seguridad marítima, examinábamos las múltiples disfunciones de la seguridad marítima en España, de las que los solapes de competencias entre los distintos servicios son algunas de las más notorias, como por ejemplo la asignación de la responsabilidad de Resguardo Fiscal del Estado simultáneamente a la Guardia Civil y al Servicio de Vigilancia Aduanera, o como la considerable flota de salvamento de la que, al amparo de la atribución a las Autoridades Autonómicas de la vigilancia pesquera en aguas interiores, se ha dotado la Junta de Galicia, duplicando en su costa al eficiente SASEMAR. Son sólo dos ejemplos de un desbarajuste frecuentemente ocasionado por la moderna irrupción de nuevos actores, reemplazando o relegando a los que llevaban en algunos casos siglos ejerciendo sus responsabilidades.
También el enmarañado reparto de competencias entre los distintos departamentos de las Administraciones Públicas con responsabilidades en seguridad marítima, nada menos que la Presidencia de Gobierno, los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Industria Energía y Turismo, Economía y Competitividad, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Educación, Cultura y Deporte, cada uno de ellos a través de hasta cuatro Secretarías Generales, Direcciones Generales u otros entes administrativos , que ejercen sus funciones inspectoras o coercitivas a través de agencias rigurosamente compartimentadas, es una fuente de desorganización, colisiones de competencias, rivalidades entre organismos que debieran cooperar, en definitiva, de flagrante ineficiencia. Pocos o ningún intento se han hecho estos últimos años para paliar estos problemas. (Seguir leyendo)
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Fernando del Pozo, Almirante (Ret). De la Academia de las Ciencias y las Artes Militares
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